Uno de los principales retos del siglo XXI de acuerdo con la Agenda 2030 es reducir y paliar las desigualdades. Para alcanzar este reto, Naciones Unidas nos insta a trabajar para combatir las causas estructurales que perpetúan las discriminaciones y la inequidad.

Las mujeres en nuestro país, pese a ser un país democrático y con garantías, padecen discriminaciones en todos los ámbitos de su vida. Discriminaciones que han de ser eliminadas en primer lugar por las instituciones, ejerciendo y aplicando políticas que garanticen y restablezcan los derechos humanos de las mujeres y asegurando que a ninguna mujer le serán vulnerados los derechos por razón de género o sexo.

La administración pública local es un actor clave del desarrollo humano y, por lo tanto, es responsable, junto al resto de las administraciones públicas, de conseguir espacios urbanos libres de desigualdades. En la actualidad se está revisando y revalorizando el papel de los gobiernos locales y regionales en el diseño y aplicación de las agendas internacionales, como la Agenda 2030, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de París o la Nueva Agenda Urbana. Estos compromisos internacionales sirven para la aplicación de la normativa de género. Todos estos compromisos implican una gran responsabilidad y representan un reto para los gobiernos municipales que, con frecuencia se encuentran con dificultades para adaptar estas agendas al contexto local.

Así pues, el papel de los gobiernos locales en la esfera internacional está avanzando hacia un mayor protagonismo en los espacios de debate y toma de decisiones globales. La Conferencia Hábitat III constituye un hito histórico del principio de integración, ya que incluye las consideraciones de género y el equilibrio regional en todas las sesiones.

La administración pública local se encuentra en una posición idónea para desarrollar un papel activo en el marco de las políticas de igualdad; dispone de un marco normativo nacional e internacional favorable, de una ciudadanía cada día más empoderada, de nuevos liderazgos políticos a favor de la igualdad más allá del discurso teórico y de nuevos liderazgos femeninos y feministas al frente de importantes ciudades del país.

Hay una serie de instrumentos en los que se concretan estos retos específicos y las medidas propuestas a los gobiernos locales para avanzar hacia la igualdad, al mismo tiempo que cumplen los compromisos establecidos en las agendas internacionales de género, desarrollo y medio ambiente.

Los gobiernos locales, como garantes de los derechos, pueden incorporar en sus políticas públicas las recomendaciones de los movimientos feministas, como tomar en cuenta la existencia de una cultura de violencia contra las mujeres como paso previo para poder empoderarlas y contar con su participación efectiva; no asumir que las ciudades son igualmente seguras para hombres y mujeres, tomar en cuenta las necesidades específicas de las mujeres en situaciones de crisis económicas; contemplar las múltiples desigualdades y las múltiples formas de discriminaciones de grupos como las mujeres mayores, con discapacidad o de los colectivos LGTBI, con objeto de prever políticas específicas, fortalecer los espacios de articulación y construir alianzas con otras expresiones del movimiento de mujeres y finalmente, tener en cuenta localmente la Plataforma de Acción de Beijing y la CEDAW.

Uno de los mayores retos de los gobiernos locales es, por tanto, la integración de la dimensión de género en todas las actividades y en todas las políticas, en los métodos y en los instrumentos que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. En este sentido, Naciones Unidas nos insta a centrarnos en la discriminación y la marginación para avanzar en el proceso de desarrollo y nos insta también a formular respuestas en las que se hayan tenido en cuenta las causas estructurales que permiten que en un entorno político y social se fomente la exclusión y la marginación y, en última instancia, la negación de los derechos humanos.

Los derechos humanos, los derechos de las mujeres, así como la igualdad de género, comparten un objetivo común con el desarrollo humano: asegurar la libertad, el bienestar y la dignidad de todos los hombres y mujeres. Sabemos que el desarrollo humano es esencial para la realización de los derechos humanos, al mismo tiempo que los derechos humanos son esenciales para el desarrollo humano. La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, a su vez, son vitales no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad, sino también para alcanzar una plena ciudadanía.

Tenemos liderazgos preparados para asumir el reto y tenemos una ciudadanía exigente con quien administra el poder del pueblo.

Marta Macías

Directora de Coop4equality